STOP MONTAJES POLICIALES
¡CUIDADO, MAÑANA PUEDES SER TÚ! SER ANTIFASCISTA NO ES DELITO
El 15 de abril de 2010 fueron detenidos en Burgos 7
compañeros acusados de una supuesta tenencia ilícita de armas y explosivos, y
asociación ilícita. Así mismo, un local, sede de la Asociación Cultural 23 de
abril, fue registrado, y posteriormente precintado, en lo que fue una operación
policial de magnitudes insospechadas.
Según el “discurso oficial”, esta operación formaba parte de las medidas
preventivas para garantizar la seguridad en la Cumbre Europea de ministros y
secretarios de Estado que iba a tener lugar en Burgos del 21 al 23 de abril de
2010. Casualmente, en esas fechas nuestros compañeros no iban a estar en la
ciudad, ya que iban a estar como cada año participando en las actividades
programadas en Villalar de los Comuneros con motivo del Día Nacional de
Castilla.
El registro del local se realizó de forma muy sospechosa
por parte de la Brigada de Información de la Policía Nazi-onal. Lo lógico,
teniendo una orden de registro, hubiera sido ponerse en contacto con la persona
o asociación que regenta el local para que lo abra y acudir directamente con la
autoridad judicial, pero no fue así. Ellos prefirieron llevarlo a cabo solos, a
primera hora de la mañana y cuando un compañero procedía a sacar su moto del
local. Le abordaron por la espalda un grupo de agentes encapuchados y le
retuvieron ilegalmente durante casi 30 minutos en el interior de un coche,
quitándole sus pertenencias, así como las llaves del local, sin que pudiera
avisar a nadie. Inmediatamente cortaron las calles, asegurándose de que nadie
pasara por allí. Durante este tiempo algunos de los agentes permanecieron en el
local solos, sin la autoridad judicial ni el abogado pertinentes, que llegarían
tiempo después. Curiosamente, durante el posterior registro, aparecería dentro
una bombona de camping gas con petardos, que nunca había estado en el local, y
que se convertiría en la base de la acusación de terrorismo.
Hay que destacar que lo único que aporta el informe de la
Brigada de Información para solicitar el registro del local es la hipótesis de
encontrar en su interior algún “artefacto explosivo confeccionado con bombonas
de gas y petardos de gran potencia” y, casualmente, es lo que apareció, por lo que
se confirma la sospecha de que pudo ser introducido por ellos mismos o por
alguien afín a ellos. Este informe era meramente prospectivo y no estaba
fundamentado en ningún tipo de indicio, seguimiento o investigación, que
indicara la existencia de esa bombona, pero sorprendentemente, y sin tener
bases fundadas, la jueza del Juzgado de Instrucción nº 4 de Burgos, concede de
inmediato la orden de registro y decreta el secreto de sumario.
La experiencia nos dice que nada es casualidad, y que
estaba todo perfectamente organizado: la coincidencia con la cumbre de
ministros, la forma de acceder al local y que justo aparezca dentro lo descrito
por ellos en el informe, y por supuesto, que pidieran la orden de registro un
día en el que estaba de guardia la magistrado-juez del Juzgado de Instrucción
nº 4, conocida ya en Burgos por enviar a prisión preventiva a algún joven por
motivos ideológicos.
El registro se llevo a cabo durante 5 horas, el local fue
precintado y fue requisado todo lo que se encontró en el interior.
Los 7 compañeros permanecieron 72 horas detenidos en comisaría,
soportando todo tipo de insultos, amenazas, torturas psicológicas y chantajes
para que acusaran a compañeros de delitos que no habían cometido. Después
fueron puestos en libertad con cargos, obligados a ir semanalmente a firmar a
la comisaría de Burgos.
Posteriormente la jueza quiso llevar el caso más lejos y
trasladó la causa a la Audiencia Nacional para que juzgaran a los compañeros
por delitos de terrorismo, y envió un sumario redactado por la Brigada de
Información de más de 1000 folios, para intentar demostrar los delitos de
terrorismo y asociación ilícita. Este informe se basa, por un lado, en la
bombona con petardos, así como pistolas de juguete, mangos de herramientas,
cohetes y petardos de feria, y productos de limpieza adquiribles en cualquier
droguería, con los que dicen que se pueden fabricar explosivos. Por otro lado,
el informe se basa en acusaciones tan irrisorias como atribuir a estos
compañeros un listado de hechos delictivos que supuestamente han pasado en
Burgos en los últimos 10 años, y por los cuales no existe ninguna detención ni
causa judicial abierta. De la misma forma, aportan denuncias correspondientes a
otras personas que nada tienen que ver con ellos ni con el colectivo. También
señalan quienes se encargaban de comprar bebida, hacer carteles, pegatinas,
etc., haciendo incluso firmar encima de sus fotos a propietarios de imprentas,
serigrafías, repartidores de bebida… como si de delitos se tratasen. Presentan
incluso, listados de personas identificadas visualmente en charlas, conciertos,
manifestaciones etc...,haciendo con ello controles ideológicos y seguimientos
de las personas, y dictaminando por ello y en función de las actividades
públicas a las que acuden…, su pertenencia o militancia a determinados
colectivos.
Es decir, un sumario en el que básicamente se refleja una
persecución política hacia un colectivo y una asociación cultural, por el
simple hecho de ser de izquierdas, castellanistas y antifascistas.
Después de unos meses, la Audiencia Nacional alega que no
encuentra argumentos para juzgar la causa por esos delitos, y que por lo tanto,
el caso no es competencia suya, con lo que es devuelto al Juzgado de
Instrucción nº 4 de Burgos. Aquí, y de nuevo la misma jueza, lo recurre al
Tribunal Supremo hasta conseguir que se dictamine de nuevo el traslado de la
causa al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, donde el
fiscal, en abril de 2012, solicitaría penas que ascienden a casi 40 años de
prisión para los acusados.
Posteriormente, los abogados de los compañeros presentan un
recurso de apelación para que se sobresea la causa. La Sala de lo Penal Sección
Segunda de la Audiencia Nacional admite a trámite el recurso, alegando a fecha
30 de julio de 2012, textualmente, que:
-
“El auto impugnado se limita a
recoger-copiar en bruto, sin ninguna clase de precisión descriptiva, y sin
mayor elaboración jurídica ni análisis indiciario o de participación delictiva respecto de los
imputados, el atestado policial”.
-
“Tampoco en el oficio policial se
contiene ninguna referencia a algún hecho concreto, ni mucho menos a alguna
persona en concreto u organización que tuviera relación con algún hecho
concreto investigado, sino una actividad de control más o menos aleatoria de un
local, donde sin expresar ni fuentes ni razón de conocimiento, albergaban la
sospecha de que pudiera haber alguna clase de artefacto. Todo ello sin hacerse
constar en el oficio policial, ni en el auto que autoriza el registro, datos
que vinieran a avalar la sospecha policial”.
-
“Se trata de una solicitud de
registro de un local de reunión, sede de una asociación cultural, que no puede
calificarse más que puramente prospectiva”
-
“También se hace una referencia
imprecisa a “multitud de artefactos inflamables e incendiarios”, cuando lo
hallado en el local fueron únicamente petardos y cohetes de feria, objeto de
lícito comercio, y el único objeto que pudiera tener una trascendencia jurídico
penal lo sería hipotéticamente un artefacto de fabricación casera, que no se
describe ni determinan sus características, ni existe referencia alguna a un
dictamen técnico-policial en el que conste la aptitud explosiva o inflamable
del artefacto, ya que ni tan siquiera consta si la bombona de gas estaba llena
o vacía, así como los posibles efectos que pudiera haber provocado”
Tras la persistencia del fiscal en seguir adelante con la
acusación, la Sala vuelve a ratificar el auto de apelación un año después, a 3
de julio del 2013, y expresa textualmente que:
-
“Existe un amplio conjunto de
déficit no sólo de motivación, también de la culminación de la instrucción”.
-
“La Sala sigue sin encontrar una
razón mínimamente convincente para atribuir los objetos específicamente a los
imputados”.
-
“Respecto de ninguno de estos
temas, poco o nada aporta el dictamen de inteligencia policial, referido a las
hipotéticas genéricas actividades del grupo”.
-
“La Sala deja constancia de la
insuficiencia de investigación y motivación, causante de indefensión a los
imputados, por lo que o bien se completa la investigación, completando los
déficits puestos de manifiesto, o en caso de imposibilidad, se decrete el
sobreseimiento del caso”.
Ante la imposibilidad de aportar nada relevante , al fiscal no le queda más remedio
que solicitar al Juzgado Central de Instrucción nº2 el sobreseimiento de la causa, el cual se
acuerda a fecha 1 de agosto del 2013, es
decir, casi 3 años y medio después de comenzar el calvario de nuestros
compañeros, y quedando de manifiesto el montaje y la persecución política
llevada a cabo por parte de la Brigada de Información.
Con ambos autos de apelación, y el posterior
sobreseimiento, dejan claro que no existe ningún delito terrorista ni de
asociación ilícita.
Desde el colectivo Resaca Castellana, queremos denunciar enérgicamente
no sólo este montaje policial del que hemos sido objeto, sino la
criminalización, brutal represión, persecución y acoso que llevamos sufriendo en Burgos los
jóvenes antifascistas en los últimos años por parte de la Policía Nazi-onal,
así como por miembros de la Brigada de
Información y de la UPR. Muchos de estos policías tienen relación con los
sectores más radicales de la extrema derecha e incluso algunos de ellos son conocidos
por su pasado neonazi. Al igual que ha sucedido en otras muchas ciudades, años atrás
, estos individuos pertenecieron o
simpatizaron con grupos neonazis y de extrema derecha, y a día de hoy son
miembros del Ejército Español o de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
dedicándose a hacer la guerra por su cuenta imponiendo sus ideales bajo su pistola y su
placa, y haciendo una persecución política y personal al margen de la ley , con
total impunidad y bajo la complicidad de jueces, fiscales y prensa. Todo ello respondiendo
al claro objetivo político de perseguir y criminalizar el antifascismo, el
castellanismo ó cualquier forma de lucha
digna… tratando de eliminar ó ilegalizar organizaciones y colectivos sociales y
políticos.
Podemos citar muchos de los actos represivos contra nosotros,
llevados a cabo por estos individuos, entre los que cabe destacar:
-
Continuas identificaciones,
seguimientos, cacheos, intimidaciones, vejaciones, así como insultos y amenazas
de forma cotidiana.
-
Coacciones y amenazas por
pertenecer a colectivos antifascistas y/o por desarrollar actividades
políticas.
-
Actuaciones represivas
coincidiendo con la celebración de actividades o actos sociales y políticos como suelen hacer cada
año los días previos a la celebración del Día Nacional de Castilla, incautando
ilegalmente a compañeros, tanto en coches como en autobuses, pegatinas,
pancartas, materiales para la realización de actividades… y todo lo que pueden,
con el fin de conseguir que no se lleven a cabo dichas actividades.
-
Llamadas y detenciones en puestos
de trabajo de compañeros con el fin de conseguir su despido.
-
Acoso en comercios de compañeros,
en alguno de los a cuales han llegado a montar auténticos circos, poniéndose varios
frente a la puerta con los rostros tapados e incluso acosando e identificando a
clientes, para perjudicar de este modo dicho comercio.
-
Robos de cinturones, prendas de
abrigo y otros objetos, cuya tenencia no constituye ningún delito, y que en
ningún caso son devueltos a su propietario, y si éste tiene algo que objetar,
es detenido.
-
Falsas denuncias y detenciones
arbitrarias, así como incitar a denunciantes y testigos de cualquier tipo de
delito a señalar la foto de la persona antifascista que a ellos les interese
incriminar en ese momento.
-
Frecuentes torturas psicológicas y
en alguna ocasión físicas a personas detenidas.
-
Negarse reiteradamente a dar sus
números de placa, hecho que están obligados a hacer por ley, y en caso de
insistencia puedes acabar en comisaria con algún cargo.
-
Presiones y coacciones para que
ciertos compañeros pasen información ó declaren
contra otros, mediante chantajes y amenazas con denuncias, familia, etc. como
claramente hicieron los dos altos cargos de la Brigada de Información de Burgos
en el momento de la detención de los 7 compañeros, ofreciendo a algunos de
ellos firmar acusaciones falsas sobre otros, a cambio de su libertad.
No podemos permitir que este tipo de hechos sigan
ocurriendo y a partir de ahora vamos a denunciar y a poner en manos de nuestros
abogados cualquier tipo de conducta abusiva o ilegal por parte de la Policía.
Como antifascistas que somos no estamos dispuestos a seguir
soportando más tiempo este tipo de conductas, así como la persecución y los
juicios políticos a los que nos vemos sometidos, propios de la dictadura.
Sabemos que mucha gente se ha callado este tipo de
actuaciones por temor a mayores represalias, y desde nuestro colectivo
ofrecemos nuestro apoyo tanto a cualquier compañero, como colectivo, que sufra
estas agresiones, animándoles a que denuncien estos hechos.
Estas agresiones , abusos y montajes no solo suceden en Burgos, sino que
hay otros muchos casos de esta índole a lo largo de la geografía del Estado
Español. Tenemos recientes casos como el de Alfon en Madrid, objeto de otro
montaje policial el día de la huelga general, y al que ingresaron en prisión en
régimen FIES; el caso de los compañeros de Bukaneros, contra quienes intentaron
hacer un montaje muy similar al nuestro en Vallecas, acusándoles de banda
criminal; los montajes llevados a cabo en Sabadell, Málaga, Valladolid … así
como los que se suceden con frecuencia en los diferentes pueblos del Estado
Español , y todo ello sin olvidar tantos y tantos presos políticos encarcelados
por el Estado Español por montajes y motivos ideológicos.
Todo lo que huele a protesta tienen que eliminarlo; vemos
el grado de represión en muchas manifestaciones, vemos también como policías
infiltrados provocan incidentes en manifestaciones, como lo ocurrido en la
concentración frente al Congreso de los Diputados, y donde pudimos ver en las
imágenes de televisión como la persona que inicia los altercados evita su
detención al grito de “soy compañero”.
Esta represión se ve incrementada en esta época de crisis,
una crisis generada por el propio sistema capitalista, y en la que se está
exprimiendo a los ciudadanos al máximo aumentando sus impuestos, practicando
recortes en aspectos fundamentales como sanidad y educación, mientras se
multiplica el gasto policial y la represión y los políticos siguen robando y
encubriéndose impunemente.
Son épocas de descontento social, y estos perros de la ley
tratan de eliminar por cualquier método cualquier lucha social digna por
nuestros derechos y utilizan la represión, criminalización y persecución
política e ideológica de personas, colectivos, centros sociales… para callar
cualquier tipo de protesta.
Otro tema importante que queremos abordar es la labor
mediática de la prensa en este tipo de sucesos. La mayoría de medios de
comunicación tratan estos casos de una forma totalmente reaccionaria,
criminalizando sin escrúpulos a cualquier tipo de colectivo de izquierdas o
antifascista, tachándolos de radicales y trabajando de esta forma al servicio
de la Policía y no al servicio de la sociedad, aportando una información veraz
y contrastada.
Concretamente en Burgos, muchos de los medios de
comunicación han hecho una clara labor de criminalización de nuestro colectivo,
y en las ocasiones en las que se les ha pedido explicaciones, responden que esa
información es una filtración de la Policía. Incluso aun dándose cuenta
posteriormente de que la información filtrada por la Policía no ha resultado
ser real, y por tanto, han publicado
cosas que no son ciertas, no rectifican dicha información. Nos preguntamos por
qué no se contrasta la información antes de publicarla y no después y si
únicamente es creíble y veraz la información que aporta la Policía, porque de
ser así, consideramos que los medios se convierten en un órgano expresivo de la
Policía, y no en medios independientes de información real. También nos preguntamos
por qué en casos como este, al que los
medios burgaleses dieron en su día una
trascendencia impresionante, publicando páginas y portadas criminalizando a
nuestro colectivo, cómo es posible que ahora ninguno de ellos saque a la luz que la causa se ha sobreseído ,
siendo público desde hace casi dos
meses. Aquí volvemos a ver un claro interés de servir a ciertos intereses, de
criminalizar y una clara ocultación de
la verdad por parte de los medios para perjudicarnos.
Por lo tanto, exigimos a los medios que ofrezcan una
información veraz y contrastada y que no trabajen como lacayos de la Policía y
la Brigada de Información. Y de la misma forma que no vamos a consentir nuevos
abusos policiales, tampoco vamos a tolerar difamaciones, mentiras o
manipulaciones por parte de la prensa que perjudiquen a personas o colectivos,
estando incluso dispuestos a ponerlo en manos de nuestros abogados si se
repitieran este tipo de informaciones dañinas, malintencionadas y falsas.
No podemos permitir que nada de esto siga ocurriendo, ante
la represión y criminalización seguiremos firmes con nuestros ideales y
luchando por una sociedad más justa. Ahora más que nunca: SOLIDARIDAD, UNIDAD Y
LUCHA.
RESACA CASTELLANA